En diciembre de este año habrá elecciones parlamentarias en Venezuela. Significa que será configurada una nueva Asamblea Nacional, luego de que la electa en 2015 dedicara su tiempo, recursos y esfuerzos al derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro y a la entrega de todos los activos de la República a Estados Unidos. La primera misión fue un fracaso absoluto; la segunda ha sido lograda parcialmente.
Este órgano carga consigo varios lastres y heridas, y una de ellas es precisamente la que revela la tremenda debilidad del sistema eleccionario de la democracia burguesa. En Revolución es legal votar por grupos de poder que quieren acabar con la Revolución. No se puede decretar la imbatibilidad del poder popular cuando el sistema de representación sigue vivo y hace posible fenómenos y despropósitos como el mencionado, y como otro de mayor desquiciamiento político-institucional: es legal que un grupo de criminales se proponga acabar con la institucionalidad y consiga apoyo de todo el sistema satelital de aliados de Estados Unidos.
Situaciones como la descrita nos ponen a gravitar sobre una reflexión que habrá que abordar en cualquier momento: es hora de ir diseñando un mecanismo o método alterno al ritual estándar de las elecciones, creado por las burguesías como requisito de legitimación “popular” del armatoste llamado Estado nacional burgués.
Tal como han sido impuestos y aceptados por la mayoría de las naciones que sostienen el viejo “orden” mundial, los procesos electorales de alcance nacional parecieran ser una pieza insustituible de ese otro espejismo que Occidente llama “democracia”: país cuyos ciudadanos no votan están viviendo en dictadura. Venezuela le ha dado a Occidente y a otros hemisferios político-culturales una clase magistral en cómo sobrevivir y someter a un enemigo navegando en las reglas que ese mismo enemigo creó. Pero la intromisión de las potencias hegemónicas, su poder de bloqueo, presión y amenaza, su enorme superioridad militar (y las muchas ganas de emplearla para liquidarnos como experimento político y como pueblo) hace necesario aunque sea el gesto de asomarse a posibles alternativas y discutirlas amplia, nítida y abiertamente con la mayor franqueza.
Posición personalísima: los factores que quieren convertir a Venezuela en la colonia de Estados Unidos que fuimos hasta hace 20 años deben ser neutralizados, sacados del esquema de libertades y posibilidades de acceso al poder. Asunto para desarrollarlo después.
Pero este diciembre hay elecciones y hay que participar en ellas. A ver qué opciones hay, aparte del muy necesario pero monótono y momificado cadáver que dice “hay que ir a votar”, como si no supiéramos que esa convocatoria incluye a quienes apuestan a nuestra muerte y destrucción física.
La propuesta
El chavismo y la Revolución le han aportado a la historia de este país algunos recursos y ejercicios que califican como experimentos rumbo a un relanzamiento de la democracia. La Constitución vigente consagra algunos conceptos que hemos ejercido en mayor o menor medida, con mayor o menos audacia o desparpajo. Por ejemplo, el protagonismo del pueblo (esta etapa de nuestra historia se denomina “Democracia Participativa y Protagónica” y a veces parece que se nos olvida, o que no terminamos de creérnoslo) y el parlamentarismo de calle, etapa previa a un arma poderosísima llamada “Pueblo Legislador”.
El parlamentarismo de calle ya se ha ejercitado y puesto en marcha de manera más bien tímida, casi simbólica. En cambio, su etapa posterior o superior, el Pueblo Legislador, es un animal político que está allí, dormido o descansando, y va siendo hora de que lo despertemos o saquemos de su hibernación.
En el año 2006 Nicolás Maduro era presidente de la Asamblea Nacional. En tal carácter, justo en el momento de asumir por segunda vez esa responsabilidad, le concedió a Marcelo Colussi, de Argenpress, una entrevista en la que soltó al rompe esta declaración:
“Lo que nosotros hemos llamado «parlamentarismo social en la calle» no es otra cosa que el liderazgo social de lo que ahora se está viviendo en Venezuela. Es convertir la Asamblea Nacional -que es el órgano parlamentario del país- en un verdadero poder popular. Es decir: que no sea simplemente un Congreso de élites donde éstas deciden por el pueblo, donde sustituyen la voluntad popular, piensan y deciden por el pueblo, pero donde terminan articulándose con las élites del poder económico -nacional e internacional- para seguir manteniendo el status quo en materia de las leyes fundamentales que rigen la economía y la vida social de la nación. Por la amplia, absoluta mayoría que tenemos en la Asamblea Nacional, ha llegado la oportunidad de dar un salto adelante, para convertirla en un poder popular. ¿Cómo se manifiesta esto en términos prácticos? Sencillamente en que en la Asamblea estamos construyendo y fortaleciendo una red nacional de consulta pública para todos los temas, todas las leyes que hay que discutir, y sobre la contraloría social, es decir el control de lo que sucede con los planes y las políticas públicas, para que todo eso se haga junto al pueblo. Eso ya arrancó; y arrancó muy bien. A ese proceso le estamos dando dos fortalezas: por un lado, la fortaleza organizativa. Es decir, que la red se teja a nivel nacional y que llegue hasta el último barrio, hasta el último poblado del país. Y por otro lado, la fortaleza que le da contar con una plataforma tecnológico-comunicacional que permita llevar todos los sistemas que tienen que ver con Internet de banda ancha, teleconferencia, la televisión de la Asamblea Nacional, trasmisiones vía satélite, es decir: todo el apoyo técnico que permita llegar hasta el último rincón de la geografía nacional. (…) Todo lo cual nos va a permitir discutir leyes importantes, como por ejemplo la Ley de Salud, discutirlas simultáneamente con 100, ó 200 ó 300 comunidades del interior del país, permitiendo así que la gente pueda opinar desde el Amazonas, desde el estado Zulia o desde cualquier barrio de Caracas”.
A pesar del inmenso salto adelante que significó y sigue significando esa propuesta y práctica, es preciso insistir en que eso fue apenas la primera fase de un fenómeno más profundo y revolucionario, que cobró forma y cogió calle poco después: los Consejos Comunales. El porqué aparece semiescondido en las última líneas de la declaración citada del camarada que hoy es presidente: “… permitiendo así que la gente pueda opinar desde el Amazonas, desde el estado Zulia…”. El parlamentarismo de calle le permite al pueblo opinar, y a veces tan sólo eso. Otra cosa es el ejercicio directo del parlamentarismo que decide y transforma.
Los Consejos Comunales fueron, en términos procedimentales y también de ejercicio efectivo del poder, los espacios en que los venezolanos (chavistas y no chavistas) aprendimos a legislar: desde 2006 una enorme mayoría de los venezolanos entendemos y aceptamos que hay asuntos importantes y palpables que es mejor resolver en colectivo, en dinámicas asamblearias.
En los Consejos Comunales aprendimos, entendimos y vimos materializado el ejercicio del parlamentarismo en la acera de enfrente de nuestras casas, en la planta baja de los edificios, en las plazas y bajo las matas de mango.
Los Consejos Comunales nos hicieron autodescubrirmos como Pueblo Legislador. Eso de “parlamento” trae la pata coja del origen etimológico (en los parlamentos se reúne la gente a hablar, y casi siempre solamente a eso), pero el ejercicio que desarrollamos en los Consejos Comunales arrojó resultados tangibles, medibles y verificables. En un Consejo Comunal no vas tú a opinar para que otros decidan: allí tu opinión es un alfil o misil cuyo alcance lo deciden tus vecinos.
A esta hora del curso de la Revolución los Consejos Comunales, y también las Comunas (que tienen su propio parlamento) andan en un momento de repliegue y de bajón anímico, salvo en algunos lugares donde el Pueblo Legislador sigue siendo un animal vivo y activo. La necesidad histórica de la reorganización del pueblo en los CLAP ha hecho que el ejercicio de ese parlamentarismo real, en ámbitos reales y capaz de mostrar resultados reales, parezca desactivado o de receso.
Es hora de que ese ejercicio retorne con potencia y vocación de reconstrucción plena de la institucionalidad: miles de pequeños parlamentos locales (o comunales) representan un despliegue colectivo de democracia y de poder más profundo y palmario que el de una única Asamblea Nacional en la que inevitablemente se colearán elementos defensores de intereses transnacionales o antinacionales. Hace unos días discutíamos en grupo cerrado la importancia de encontrar una “bisagra” entre ese poder nacional que ha de ser electo y esos miles de parlamentos locales. Tras la búsqueda de esa bisagra o punto de articulación sería bueno ir buscando rastros y pistas, porque nada es más legítimo que un aluvión en el que participen y se sientan responsables millones de ciudadanos.