Este lunes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un resumen del último informe sobre Venezuela, durante la inauguración de la 48° sesión del Consejo de Derechos Humanos. Allí, pidió a todos los países que tienen "sanciones sectoriales" contra Venezuela que las levanten, argumentando que estas medidas han agravado la situación humanitaria y económica de la población.

La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de covid-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones.

También subrayó que las "sanciones" han acentuado el impacto de la pandemia de covid-19 sobre el país.

En una ocasión anterior, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, había dicho que veía con preocupación los efectos de las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, oro y minería en Venezuela. Esas acciones afectan a la economía nacional en su punto más débil, ya que aproximadamente el 88,5% de las exportaciones son productos petrolíferos.

El informe dice que para ayudar a mitigar el impacto de la pandemia en el país se debe asegurar una distribución equitativa de las vacunas. Actualmente, los países de Occidente siguen acaparando la adquisición de vacunas dejando a la población de los países del Sur Global en situación de precariedad. En el caso venezolano, el bloqueo promovido por el gobierno de Estados Unidos ha sido determinante para obstaculizar el plan nacional de vacunación.

Bachelet informó que el viernes 10 de septiembre se renovó el acuerdo entre la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH y el gobierno venezolano, para que el equipo de la ONU siga trabajando en el país, aumentando el número de observadores de seis a doce.